La Consejería de Salud se posiciona contra el Real decreto del Gobierno de España que regula la prescripción enfermera

La consejera de Salud, Patricia Gómez, se ha manifestado contra el Real decreto de prescripción enfermera aprobado por el Consejo de Ministros el 23 de octubre, que entrará en vigor mañana. La consejera ha manifestado que “estamos totalmente en contra del contenido de este Real decreto, porque supone un acto de absoluta irresponsabilidad que va contra la realidad sanitaria y no responde a las necesidades de los pacientes”.

El texto establece que los médicos, odontólogos y podólogos, en el ámbito de sus respectivas competencias, son los únicos profesionales con facultad para recetar. Por tanto, los enfermeros, a pesar de tener la misma formación en farmacología, acreditada por el Ministerio de Educación, legalmente no podrán administrar ningún medicamento ni producto sanitario si no hay previamente un prescriptor que diagnostique al paciente y determine el protocolo de práctica clínica que hay que seguir.

La entrada en vigor del Real decreto no solo no soluciona el problema del vacío legal que afecta a la actividad del personal de enfermería, sino que agrava la situación imponiendo una prohibición que, sin motivo alguno, resta autonomía a los profesionales que prestan una tarea asistencial con formación y eficiencia probadas.

Gómez ha dicho que “el Ministerio ha creado un problema donde no lo había” y defiende la capacitación de los enfermeros. Asimismo, lamenta que la nueva normativa les impedirá llevar a cabo de manera autónoma cientos de actuaciones que hasta ahora han desarrollado con toda normalidad.

Esta decisión tiene consecuencias directas, por un lado, para los profesionales de la enfermería, que ya no podrían desarrollar muchísimas tareas cotidianas sin la autorización previa del médico; por otro lado, para los propios médicos, que verán aumentado considerablemente el volumen de trabajo, y, finalmente, para los pacientes, para quienes se alargará el tiempo de espera para recibir atención.

La consejera ha apelado al sentido común y ha anunciado que los servicios jurídicos trabajan para buscar una solución que apoye y dé estabilidad a los trabajadores. En ese sentido, se estudiará la posibilidad de impugnar el Real decreto y solicitar su suspensión cautelar.