En la sesión extraordinaria de la Mesa Sectorial de Sanidad, el director general
del Servicio de Salud, Juli Fuster, ha condicionado el pago a la disponibilidad presupuestaria y ha ofrecido un aplazamiento hasta enero de 2017
El Servicio de Salud propone tramitar el reconocimiento de la carrera profesional sin efectos económicos a todos los profesionales
de la sanidad que tenían que incorporarse a partir de octubre
Además, Fuster se ha comprometido a presentar un calendario de recuperación de los derechos perdidos en los últimos años
El director general del Servicio de Salud, Juli Fuster, ha propuesto hoy a las organizaciones sindicales tramitar el reconocimiento de la carrera profesional sin efectos económicos a todos los trabajadores —sanitarios y no sanitarios— que tenían que incorporarse a partir del mes de octubre. Con esta propuesta se beneficiarían 3.942 profesionales de la sanidad pública que actualmente no tienen reconocido este derecho, 2.286 de los cuales son profesionales fijos y 1.656, interinos. Fuster ha condicionado el pago de la carrera profesional a la disponibilidad presupuestaria, ya que la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares se ve obligada a cumplir los objetivos de déficit, y por ello ha ofrecido un aplazamiento hasta enero de 2017. Además, ha manifestado la voluntad y el compromiso del Gobierno de negociar un calendario de recuperación de los derechos perdidos en los últimos años.
A la reunión, presidida por el director general, han asistido también la directora de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, Guadalupe Pulido, y representantes de los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial: CCOO, CSI-CSIF, FSES (Sindicato Médico y SATSE), UGT y USAE.
Durante la sesión extraordinaria de la Mesa Sectorial de Sanidad, Fuster ha planteado a los agentes sociales la negociación de un cronograma con el fin de recuperar los derechos perdidos en los últimos años. Concretamente, se ha propuesto la recuperación del 100 % del complemento por incapacidad temporal desde el primer día, la vuelta a las 35 horas semanales de jornada laboral ordinaria, la negociación de un plan para activar la jornada extraordinaria con el fin de reducir las listas de espera o la promoción de la estabilización de las plantillas con la convocatoria de una oferta de empleo público.